• La nueva revisión que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta deberá hacer del proyecto Dominga, considerará los “aspectos de fondo” de la iniciativa.
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LAUTARO CARMONA
La iniciativa deberá retornar al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para analizar el “fondo” del asunto, es decir, si cumple o no con la legislación ambiental vigente. En ese sentido, se abren nuevas puertas para que el proyecto sea evaluado - ésta vez - en su totalidad, pero también, y a un nivel más general, se podría establecer un precedente en relación al funcionamiento de la institucionalidad nacional ambiental.

Este jueves, la Corte Suprema dictó su fallo respecto al caso Dominga: acogió tres recursos de casación en contra de este proyecto minero-portuario presentados por Oceana Inc, la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros y por la abogada Alejandra Donoso Cáceres en representación de tres personas jurídicas y una persona natural, y ordenó al Tribunal Ambiental de Antofagasta, - que había fallado a favor de la iniciativa -  conocer y decidir sobre el fondo del reclamo, o sea, decidir sobre la calidad ambiental del proyecto.

Una vez conocido el dictamen del máximo tribunal del país, la interpretación de éste fue leída como favorable para ambas partes.

Ello, por dos motivos: el primero, porque la corte desestimó la acusación de la empresa respecto a que los rechazos en su contra de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Consejo de Ministros en 2017, y que la empresa consideraba como arbitrarios y motivados por razones políticas, estuvieron ajustados a derecho. Esta decisión fue valorada por los opositores al proyecto.

Y en segundo lugar, el hecho de que el máximo tribunal del país haya decidido devolver el análisis del proyecto al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para fallar sobre los aspectos técnicos de la iniciativa, fue valorada por la empresa Andes Iron.

La razón la dio el presidente ejecutivo de la empresa, Iván Garrido: “el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una vez culminado un riguroso proceso de evaluación ambiental,  procedió a dictar el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), resolución que recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, aprobar el proyecto minero Dominga, precisamente por cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente en el país”. Es decir, los aspectos técnicos ya habrían sido resueltos favorablemente para la empresa, sentando un precedente a su favor.

La visión contraria de Ibáñez 

Sin embargo, esta mirada no es compartida por el ex intendente regional Claudio Ibáñez, quien en 2017, lideró el rechazo al proyecto en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, rechazo ratificado después por el Consejo de Ministros de la época.

Al respecto, Ibáñez valoró que la Corte Suprema haya descartado “la denuncia de vicios formales en la tramitación de las reclamaciones administrativas y en el pronunciamiento del Comité de Ministros” señala por la empresa.

Ahora, sobre los “aspectos de fondo” que deberá analizar el tribunal ambiental, Ibáñez no comparte el optimismo de la empresa.

“De acuerdo a la resolución del comité de ministros no existió información completa en la línea de base y una serie de científicos nacionales refuerzan que no existe información suficiente y completa. Sumado a los sendos informes que entregan detallada información respecto de las razones técnicas de CONAF que dan mérito a la votación de rechazo”, señala, agregando que los fundamentos del rechazo se basan justamente, en los temas de fondo que debe revisar la justicia: “la subevaluación de la empresa de los efectos adversos, la línea base para la proposición de medidas de mitigación que no es completa, y las observaciones de CONAF (en su pronunciamiento advierte los graves efectos en el ecosistema y la biodiversidad), las que no son debidamente abordadas”, explica.

“Recién nos comenzaremos a centrar en lo realmente importante, y Chile y el mundo conocerá en detalle las razones de fondo por las que rechazamos el proyecto minero portuario Dominga, un proyecto de tan solo 25 años de duración y que generará consecuencias permanentes en un ecosistema único”, agregó.

Un "nuevo" tribunal

Por ello ahora se insiste en un nuevo escenario para el futuro del proyecto en el que se desvelan diversas aristas técnicas y jurídicas. Pero además, a juicio de algunos expertos, la decisión de la corte podría establecer también un precedente en relación al funcionamiento de la institucionalidad nacional ambiental.

En ese sentido, el ministro titular del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Marcelo Hernández Rojas, señaló que en estos momentos “nos estamos informando tanto en los medios de prensa como en la revisión documental del fallo”.

El magistrado agregó que el dictamen de la Corte Suprema “lo estamos revisando con el equipo del tribunal, y por supuesto que vamos a acoger todas las indicaciones que hace la corte con respecto a revisar los temas de fondo que están incluidas en esta reclamación”.

Sin embargo, cabe destacar que desde que el tribunal ambiental fallara a favor de Dominga en 2018, dicha instancia ha cambiado a varios de sus miembros, por lo que la mirada de los jueces sobre el proceso no necesariamente, podría ser la misma, lo que es ratificado por el propio seremi de Minería, Roberto Vega.

“Claramente aquí estamos sometidos a un proceso judicial (…) que tiene que empezar de cero. Nuevamente se tiene que escuchar los alegatos, porque van a ser nuevos jueces los que van a ver el proyecto y van a escuchar tanto los alegatos a favor de lo que resolvió la administración pasada, y los alegatos en contra de la resolución que niega el proyecto Dominga, que es lo que están reclamando las personas de Andes Iron”, señaló la autoridad.

De todas formas, el seremi aclaró que, más allá de un eventual dictamen, como gobierno “cualquier proyecto que cumpla con la constitución y las leyes va a ser respaldado por nosotros. Y si no cumple, claramente no van a tener el respaldo de esta administración. Como también respetamos y valoramos lo que resuelva otro poder del estado como es el poder judicial y en especial, la excelentísima Corte Suprema”.

La mirada jurídica

Una visión especial del tema, la comparte el abogado litigante y profesor universitario del Programa de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos Manríquez, quien a su juicio, el “caso Dominga”, puede marcar un precedente para la institucionalidad ambiental del país “y particularmente, en relación al rol que han adquirido los tribunales ambientales en relación con la Corte Suprema”.

Al respecto, el abogado manifestó coincidencia “con la visión que dice que la Corte Suprema abrió una ventana técnica al proyecto para que sea evaluado en su ‘completitud’, con el fin de que la justicia ambiental y el sistema científico, lleguen a la conclusión que el proyecto es viable, lo que hasta ahora no estaba pasando. O sea, por lo menos ahora, hay una opción más de tratar de persuadir que el proyecto es técnica, jurídica y ambientalmente viable”.

“Porque”, señaló, “es un principio general de los recursos que un tribunal superior tenga una opción: o falla el asunto que está reclamado, que está presentado ante el, o bien si detecta que hay o conviene relevante dentro de ese debate que fueron planteadas por las partes, y que no fueron resueltas, puede devolver esos antecedentes ante el tribunal respectivo para que esa parte que quedó sin resolver, sea debidamente atendida por la instancia interior y luego de eso, resuelva con su mérito. Eso es lo que se llama ‘la completa solución del asunto controvertido’”, afirmó.

Eso sí, Manríquez aclaró que “hay que tratar de saber qué merito le van otorgar (los jueces) a lo que falta por analizar. Y si esa evaluación va a cambiar la calificación original”, con lo que las opciones de resolución del proyecto, sumado al hecho antes descrito sobre la renovación de varios miembros del Tribunal Ambiental, quedan abiertas.

Ahora, sobre posibles plazos para un fallo, el abogado Juan Carlos Manríquez, señaló que “todo va a depender de la complejidad del asunto a revisar” por parte de los jueces, aunque aclaró que “si la ley de los tribunales ambientales no contempla un plazo especifico, se aplican las reglas generales aplicadas a todos los procedimientos judiciales”.

“Cuando una causa vuelve al tribunal de origen para complementar la sentencia, los ministros tienen la posibilidad de dejarla en estudio, y una vez que ha terminado la etapa de estudio, llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo tiene un plazo para ser conocido. Ahora, por la complejidad de la materia uno podría pensar que no va a ser cosa de días”, subrayó. 

 

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