• Imagen de una de las tronaduras que se generan en las faenas de la minera Tres Valles, con la consiguiente expansión del material particulado por el sector.
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La comunidad del Valle de Chalinga presentó una denuncia contra la minera Tres Valles, en la comuna de Salamanca, por tronaduras, polvo en suspensión, y depósito de desechos en lugares prohibidos como quebradas, lo que ha generado gran preocupación entre los habitantes del lugar.

Previo a la semana de Fiestas Patrias, un grupo de vecinos del valle de Chalinga, en la comuna de Salamanca, viajó hasta Santiago para reunirse con las máximas autoridades de la Superintendencia de Medio Ambiente a raíz de la problemática situación ambiental que éstos se encuentran viviendo por estos días.

En concreto, la situación se genera - aseguran los vecinos del lugar - por las faenas que lleva adelante la empresa minera Tres Valles, la cual explota los yacimientos de Papomono (subterráneo) y Don Gabriel (a rajo abierto), siendo éste último el que genera las quejas de la comunidad.

Y es que los vecinos de la zona acusan la realización de tronaduras que, a su vez, generan una gran cantidad de polvo en suspensión que al final, termina depositándose en los poblados del valle, especialmente en la localidad de Manquehua, el pueblo más cercano a la faena minera.

La comunidad acusa además la existencia de depósitos de desechos en lugares prohibidos como las quebradas, desde donde temen que, en caso de lluvia, pueda desprenderse material que afecte gravemente a la población y al ecosistema del lugar.

Al respecto, la presidenta de la junta de vecinos de la localidad de Manquehua, Viviana Varas, comentó que se encuentran muy complicados producto de la polución que se genera a raíz de las faenas mineras lo cual “nos tiene muy afectados”.

“Nosotros cuando introducimos la denuncia a fines de agosto en la superintendencia buscamos un cambio. Pero de todas formas no sabemos cómo va a terminar esto”, explica la dirigente vecinal, quien agrega que hasta ahora, no han tenido ningún contacto con la empresa. “Al principio fueron las tronaduras, pero hoy lo que nos afecta como vecinos es el tema de la polución y el relleno de quebradas por estériles”, agrega Varas, quien insiste en que no es sólo su localidad, sino que todo el valle se está viendo afectado.

En esa misma línea, Ángel Barraza, presidente de la comunidad agrícola de Chalinga, agrupación que también se sumó a la denuncia contra la empresa, señaló la situación que viven como comunidad, llevó a la conformación de una “mesa por la calidad del aire”, a la que se han sumado otras localidades del valle.

“Si bien la minera siempre es una actividad riesgosa, buscamos que todos aquellos elementos que tengan que ver con cuidar la calidad de vida de nuestros vecinos y el medio ambiente sean fortalecidos” señaló Barraza.

Fiscalización in situ

De esta forma, en la reunión celebrada entre las autoridades de la superintendencia de Medio Ambiente y los habitantes del valle de Chalinga, se acordó una fiscalización en terreno por parte de inspectores de dicho organismo para estos próximos días, tanto al lugar afectado como a la minera misma.

“Nosotros hemos declarado parte de nuestra comunidad como santuario de la naturaleza, y el problema es que ellos (la minera) están muy cerca de allí, por lo que nos vemos afectados tanto por el ruido como por la polución. Por eso, buscamos que se haga un reestudio del área que tiene comprometida realmente la minera para poder hacer su explotación, para que ésta pueda ser más amigable y no ir en prejuicio ni de los vecinos, ni de nuestro entorno”, señaló el presidente de la comunidad agrícola de Chalinga.

Además, se solicitó la posibilidad de instalar una estación de monitoreo y un sistema de alerta temprana para así proteger la calidad de vida de los vecinos, respecto al aire que respiran.

Al respecto, el concejal de Salamanca, Luis Alegre, explicó que “cuando se generan distintas condiciones de viento y humedad, muchas veces el polvo comienza a bajar hacia el poblado y eso, los vecinos, lo perciben en la madrugada hasta la mañana”, afirmó.

Si bien asegura, en el marco de la aprobación de la resolución de calificación ambiental de la empresa, se aprobó la instalación de una estación de monitoreo para fiscalizar la calidad del aire en la sede social de la localidad de Manquehua, Alegre señala que ello es insuficiente.

“No hay ningún otro instrumento para medir en otros lugares el polvo en suspensión, y eso tiene muy complicado a la gente de Manquehua”, indica. Cabe señalar que en efecto  dicha estación mide lo que se conoce como material particulado grueso (MP10), pero según el concejal, hay otro polvo “tan fino, como el MP2,5 que ni siquiera se está midiendo, y éste entra por las vías respiratorias de las personas con posibles graves consecuencias”.

“Tampoco sirve mucho la dispersión generada por el viento, porque en condiciones normales, el polvo que se emana de la mina se va al noreste. Eso quiere decir que se deposita en la ladera de los cerros, y no sabemos hasta donde llega. Pero hay localidades más hacia el oeste de la mina, y allí no hay estaciones de monitoreo ni nada que pueda medir el impacto de este polvo en suspensión”, subraya la autoridad.

Elevar estándares

Al respecto, desde la superintendencia de Medio Ambiente, el jefe de la Oficina Regional SMA Coquimbo, Jesús Martínez, aclaró que “durante este año hemos recibido cuatro denuncias en contra de la Compañía Minera Tres Valles, principalmente por vibraciones y ruidos provocados por tronaduras, intervención de quebradas, emisión de material particulado y afectación a flora y fauna”.

En ese sentido, aseguró que “nuestra Oficina Regional de Coquimbo ha realizado requerimientos de información al titular para recabar más antecedentes de los distintos hechos denunciados y está analizando toda la información recibida. De forma paralela, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Aguas (DGA) para que realice el estudio de los antecedentes correspondientes a las posibles intervenciones de quebradas y planifique conjuntamente con nosotros futuras fiscalizaciones en terreno”.

Pero lo cierto es que esta situación que hoy está viviendo la comunidad de Chalinga con una empresa minera no es nueva en la región ni en el país. Andacollo es quizás el caso más extremo, y por lo mismo, para el diputado Daniel Núñez, es urgente elevar la exigencia de la normativa ambiental.

“Las normas chilenas resultan demasiado laxas porque en el fondo permiten que esta contaminación se siga generando”, asegura el legislador.

Por lo mismo, y bajo el contexto de la próxima celebración de la COP25 en nuestro país, Núñez señaló que es necesario que los gobiernos “sean capaces  de cumplir con normativas ambientales estrictas  y de esta manera disminuir los efectos de la contaminación (…) Se necesitan medidas para enfrentar los efectos que está generando el cambio climático que hoy día mas bien, es una emergencia climática. Y en ese sentido, por supuesto que la minería tiene mucho impacto ambiental”.

El legislador insistió en que es necesario buscar un equilibrio entre crecimiento económico y protección al medio ambiente, pero ese equilibrio “debe construirse sobre la base del respeto a la vida de las personas y el medio ambiente”.

 

 

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