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El Día
Este jueves, las ministras entrantes Izkia Siches, de Interior, y Marcela Ríos, de Justicia, anunciaron que el gobierno del ahora Presidente Gabriel Boric, retirará inmediatamente 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas en el marco del estallido social. Parlamentarios de la zona no quedaron indiferentes ante la medida y entre frases como “hace justicia” o “valida la violencia”, dieron a conocer su opinión sobre ésta.

Este jueves, los ministerios de Interior y de Justicia del gobierno del recién asumido Presidente Gabriel Boric, emitieron un comunicado, donde dieron a conocer que retirarán 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas por la administración de Sebastián Piñera en el marco del denominado estallido social.

“Esta medida fue una promesa plasmada en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, y busca que la LSE no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada. Asimismo, se conformará una mesa de reparación para las víctimas de violación de Derechos Humanos que estará a cargo de la próxima subsecretaria Haydee Oberreuter”, se explicó en el comunicado.

Además de retirar las querellas, en el comunicado también se informó que a través del Ministerio de Economía se dará entrega de apoyos a micro empresarios y pymes afectadas por destrozos en el estallido social.

“Como parte de la agenda de recuperación inclusiva, se destinarán recursos para reactivar los barrios y espacios afectados, asegurando así que vuelvan a estar disponibles para emprender”, se indicó.

Pese a esto último, la decisión tomada por el gobierno generó un fuerte ruido entre los detractores de esta medida, quienes la calificaron como una “bofetada” para las víctimas de la delincuencia en el marco de las manifestaciones de 2019 y 2020.

Incluso, desde la recién estrenada bancada del Partido Republicano se anunció una interpelación contra la ministra del Interior Izkia Siches.

Las reacciones también se sintieron en la región, donde los representantes políticos no se restaron en dar su opinión sobre esta primera medida del nuevo Ejecutivo.

Ricardo Cifuentes (DC) 

Para el diputado por la Democracia Cristiana, Ricardo Cifuentes, la noticia sobre el retiro de las querellas a detenidos del estallido social “no es una ninguna novedad porque ellos (el gobierno) ya lo habían planteado en su programa, y han sido consecuentes con eso”. Y si bien reconoció que no cuenta con el detalle de los 139 querellas para conocer los delitos por los cuales se están procesando a los imputados, afirmó que “de todas formas hay que tener claridad y estar atentos a que se excluyan los delitos violentos y contra la propiedad, especialmente contra la propiedad pública y también contra los pequeños comercios que fueron vandalizados”, porque al final advirtió, “podemos estar cometiendo un error grave o dando una señal que no es la adecuada cuando lo que uno busca es también el orden”.

Respecto al anuncio del Partido Republicano que anunció que reunirá firmas para interpelar a la ministra del Interior, Cifuentes calificó la acción como “muy apresurada”. 

“Hay que estudiar las cosas con calma, yo no comparto ese apresuramiento. Hay que ver también como evoluciona cada una de las causas, y creo que hay todavía espacio para el dialogo y la conversación”, afirmó el legislador.

 

 Nathalie Castillo (PC)

“Nos parece positivo que se haya entregado este beneficio a las familias y a las personas que han estado todo este tiempo en condiciones bien inestables, sin proyección respecto a lo que son sus causas”.

Esta fue la impresión de la diputada del Partido Comunista, Nathalie Castillo, quien valoró positivamente la medida anunciada por el ejecutivo. 

Para la parlamentaria, ello se justifica en que han pasado dos años en que diversas personas se encuentran detenidas bajo diferentes tipos de cautelares, por lo tanto este anuncio del gobierno del Presidente Boric “me parece que es positivo. Da un poco de justicia a las familias y evidentemente va a permitir que se realicen los procesos como corresponde y que a muchas y muchos presos de la revuelta se les dé un debido proceso con justicia, y obviamente con reparación a quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos”, además, agrega, de poder acelerar las causas. 

Al mismo tiempo afirmó, esto permitirá que aquellas personas que hayan cometido algún delito, sus casos puedan seguir su curso en la justicia y mantenerse dentro de la lógica del procedimiento judicial “como corresponde”. 

 

Daniel Manouchehri (PS)

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, defendió la decisión del ejecutivo de retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, afirmando que nadie podría sorprenderse de la medida, pues “el Presidente Boric está cumpliendo con un compromiso de campaña”.

En ese sentido, el legislador socialista acotó en todo caso, que sacar las querellas, no implica el fin de los procesos contra los imputados por eventuales actos de violencia y destrozos. 

“Es importante señalar que esta medida no significa impunidad bajo ningún punto de vista, por cuanto son perseguidos por delitos que tienen penas muy altas. Por lo demás el gobierno ha anunciado ayuda a las pymes afectadas durante el estallido social”, indicó. 

Y al consultarle sobre una eventual interpelación a la ministra del Interior, Manouchehri se limitó a afirmar que “la interpelación es una herramienta democrática, por cuanto los parlamentarios tienen un legítimo derecho a usarla si lo estiman conveniente”.

 

 Marco Antonio Sulantay (UDI)

Para el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Marco Antonio Sulantay, la decisión de retirar las 139 querellas contra los presos del estallido social, es “lamentable”.

A juicio de Sulantay, “el Presidente Boric no pudo haber iniciado de peor forma su mandato, porque la medida que anunció, incluso antes de ser investido como Presidente, no solamente es preocupación para la ciudadanía que está esperando que Chile vuelva a ser un país en paz, fuera de la violencia. Esta es una bofetada a las miles de personas que resultaron también afectadas en lo que se mal denominó ´estallido social’, que evidentemente fue un estallido delictual”.

Para Sulantay, las personas que hoy están siendo procesadas por bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado, “son delincuentes”, quienes cometieron delitos, y que “quieren hacer pasar sus actos como reivindicaciones políticas o que fueron cometidos dentro de un contexto social y político que los quiere liberar de sus responsabilidades penales”. No obstante, el parlamentario espera que el gobierno pueda “cambiar el rumbo y revisar al menos caso a caso las querellas”, y si hay alguna que no tiene mérito, nadie podría estar en contra de poder corregir”.

 

Víctor Pino (PDG)

Para el único representante del Partido de la Gente en la Región de Coquimbo, el diputado Víctor Pino, la evaluación de la acción del gobierno pasará por una discusión al interior de la joven tienda política. 

“Vamos a evaluar en la interna de la bancada del PDG el retiro de las 139 querellas por ley de seguridad del estado y revisar lo que indican en el Partido Republicano”, señaló el parlamentario por la región en relación a una eventual interpelación.

De todas formas, el legislador aclaró cuál es su postura al respecto: “que se haga justicia es fundamental, si son inocentes o culpables es lo que importa”, señala. 

“Si salen libres sin un debido juicio y realmente son delincuentes que aprovecharon el estallido social para delinquir, no podemos permitirlo por muy popular que pueda resultar, y si fueran inocentes, entonces que obtengan su libertad, luego del actuar de la Justicia. Se debe dar una señal clara a la gente desde la vereda del ejecutivo y respetar la autonomía del poder judicial”, afirmó.

 

Juan Manuel Fuenzalida (UDI)

Especialmente crítico a la medida tomada por el ejecutivo es fue el diputado Juan Manuel Fuenzalida, quien señaló que “no es nada nuevo lo ocurrido”.

Ello afirma, pues esta medida era parte del programa de gobierno del candidatura de Gabriel Boric, “a pesar de que en la segunda vuelta trató de desdramatizarlo y lamentablemente estos delincuentes que quemaron, saquearon, violentaron no solamente los bienes públicos y privados, sino también todas aquellas pymes de su actuar”.

Incluso, el parlamentario fue más allá y aseguró que a partir de ahora “nos tendremos que acostumbrar a la nueva forma de gobernar, una nueva forma de gobernar que pretenderá pasar por ideas políticas las revueltas callejeras, que tratará de ocultar que este actuar no corresponde a una convivencia cívica. Lamentamos que el primer acto de la ministra de Justicia y de la ministra de Interior sea justamente retirar estas querellas, porque al final, no va a haber justicia”.

Respecto a la intención de la intención de la bancada del Partido Republicano de levantar una interpelación en contra de la ministra Izkia Siches, Fuenzalida se mostró más bien cauto. 

“Creo que antes de presentar la interpelación tenemos que revisar los antecedentes de quienes son las personas a las que se les está retirando las querellas y si procede legalmente”.

 

Matías Walker (DC)

Más allá de estar de acuerdo o en contra, el recién asumido senador por la Democracia Cristian, Matías Walker, señaló que ante el retiro de las 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, solicitará un oficio “a fin de indagar respecto de qué causas el gobierno del Presidente Boric está retirando las querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado”. 

Eso sí, el parlamentario dejó en claro que para él, el punto más importante es que no incluya a encauzados por delitos violentos. 

“Espero que no sean causas respecto de las cuales los imputados estén siendo investigados por delitos por violencia y que no sean causas que digan relación con la destrucción con inmobiliario público o de bienes en la Región de Coquimbo”, se limitó a manifestar. 

 

 

 

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