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Lautaro Carmona
La comisario Alejandra Barra ha tenido una incesante lucha por revertir la medida que buscaba su salida de la institución mientras gozaba de fuero maternal. La Corte de Apelaciones señala en el fallo que “se vislumbra una actitud antijurídica reiterada de la PDI en relación con los intentos de desvinculación de la profesional”.

Por tercera vez, la justicia desestimó la decisión de los altos mandos de la Policía de Investigaciones (PDI) de intentar desvincular a la comisario Alejandra Barra y mandató reintegrar a la funcionaria a sus filas.

Esto con el fallo de la Corte de Apelaciones, emanado el pasado 8 de marzo, donde se indica que “se vislumbra una actitud antijurídica reiterada de la Policía de Investigaciones en relación con los intentos de desvincular ilegalmente de dicha institución a la recurrente”.

Claro, porque la oficial y periodista ha vivido un verdadero calvario durante los últimos tres años, desde que en el año 2019 fue desvinculada mientras se encontraba embarazada.

Desde ese minuto, Barra ha sostenido una larga batalla legal contra la institución, argumentando que se habían vulnerado sus derechos y no respetado su fuero maternal.

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¿Qué pasó con la funcionaria de la PDI?

Cabe recordar que antes de ser desvinculada en el año 2019, Barra había realizado una denuncia por acoso laboral en contra del entonces jefe regional de la institución, el prefecto inspector Richard Gajardo.

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Según relató la afectada en su oportunidad a El Día, había tenido serios inconvenientes e intercambios verbales con su superior desde que este arribó a la zona en octubre del 2017, ya que, de acuerdo con una denuncia que interpuso ante el SernamEG a mediados del 2019, “la hostigaba por el sólo hecho de ser periodista”. En ese tenor, Gajardo habría realizado constantes alusiones a su vestimenta, manifestándole explícitamente: “No me gusta cómo te vistes, te vistes como periodista (…) Tú no eres policía”.

En ese contexto, la entonces subcomisario fue sancionada en dos oportunidades antes del proceso calificatorio del mes de agosto del 2019, lo que la llevó a obtener la peor evaluación posible, quedando en “Lista 4”, lo que de acuerdo con el reglamento interno de la PDI implica la desvinculación, la que le fue notificada en el mes de noviembre de ese año, pese a las apelaciones internas que efectuó expresando abiertamente que las sanciones de las que había sido objeto, y consecuentemente su mala calificación, obedecían “a un asunto netamente personal con Gajardo”.

 

¿Cuál fue la batalla legal entre la funcionaria y la PDI?

Fue entonces que la funcionaria decidió llevar su caso a la justicia, donde la Corte Suprema en un fallo histórico determinó su reintegro y que se debía cancelar el total de sus remuneraciones durante el tiempo que estuvo fuera de la institución.

La PDI no conforme con haber sido derrotada en Tribunales, buscó la manera de desvincular nuevamente a Barra. Esta vez esgrimiendo que la oficial debía repetir su calificación en lista 4, ya que había faltado seis meses a trabajar. Siendo que ese periodo había sido despedida ilegalmente. En esa oportunidad, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso en Sentencia de fecha 16-03-2021, la cual fue confirmada por la sentencia de fecha 05-04-2021 de la Corte Suprema, donde indica que acogía, con costas, el recurso de protección y, en consecuencia, se ordenaba a la recurrida dejar sin efecto el acto administrativo impugnado, debiendo proceder a calificar a la reclamante, en el periodo calificatorio 2019-2020, sin considerar el periodo de ausencia.

 

Ascenso y buena calificación

Posterior a ello y luego que la Corte apercibiera a la institución a cumplir la sentencia, la oficial fue calificada en lista 1 con nota 70 para el periodo 2021-2022, logrando su ascenso a comisario.

Pero pese a estos reconocimientos y los fallos anteriores, el pasado 3 de diciembre de 2021, la PDI emanó un nuevo documento, donde buscaba otra vez desvincular a Alejandra Barra, por lo que nuevamente debió ir a los tribunales.

 

¿Qué dictó la Corte de Apelaciones en el caso?

La justicia decretó una orden de no innovar por lo que la comisario se presentó a trabajar a su unidad, posteriormente con fecha 8 de marzo la Corte dicta una nueva sentencia y acoge el recurso de protección presentado por la oficial y sus abogados.

Sobre este último fallo, Sergio Troncoso, ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, explicó que se decretó que era una desvinculación ilegal y arbitraria, principalmente porque el fundamento que se argumentaba para ello era una calificación de la funcionaria del año 2019, y que ya había intentado ser utilizada como motivo para su desvinculación en el 2020.

 “Con posterioridad a esta situación es la propia actitud de la Policía de Investigaciones, calificando a la funcionaria en lista sobresaliente, otorgándole también reconocimientos a su trabajo, como pueden ser incluso ascenso, no se condecía con la mantención del reproche original contenido en esta calificación del año 2019. Se produce así una situación que en doctrina se conoce como el decaimiento del acto administrativo, que el acto ya deja de poder tener los efectos que originalmente podían haberse adjudicado porque han cambiado radicalmente las circunstancias fácticas a las cuales puede aplicarse. Se estimó que había una conducta arbitraria al intentar mantener una calificación antigua, que ya había sido superada con calificaciones posteriores, como fundamentos de esta desvinculación”, señala Troncoso.

 

Vulneración de derechos

El Día intentó conversar con la afectada, pero declinó referirse al tema por respeto a las directrices institucionales.

Quien abordó el fallo fue su abogada, Belén Rojas, quien señala que Alejandra ha sido vulnerada en sus derechos durante todo este proceso y que esto ha sido acreditado en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema.

“Esta es la tercera vez que Alejandra debe acudir a la Corte para que la proteja de las ilegalidades y arbitrariedades que ha sido víctima. La misma cantidad de veces la justicia le ha dado la razón. Sin embargo, la PDI tras perder la primera vez, lo vuelve a intentar una segunda donde nuevamente pierde y la condenan en costas como sanción adicional. No contento con esto, lo hacen por tercera vez y los vuelven a condenar en costas”.

Este tercer fallo todavía no se encuentra ejecutoriado porque la Corte Suprema no se ha pronunciado, quedando la posibilidad que la institución apele.

“Todas las veces anteriores han apelado y perdieron, esperamos que vuelva a ocurrir lo mismo, porque el fallo de la Corte de Apelaciones es contundente en establecer que nuevamente intentaban desvincularla a pesar de que esta medida emanaba del mismo acto administrativo que ya la primera vez fue declarado ilegal. Un dato no menor es que los intentos de desvincularla han sido mientras ella gozaba de fuero maternal”, señala la abogada.

Consultados por este caso, desde la PDI señalaron que la institución no comenta los fallos judiciales.

 

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