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Abogados cuestionan “la desprolijidad” con la que se otorgarían las libertades condicionales, y la falta de análisis del perfil delictual de cada individuo por parte de las comisiones -integradas por 4 jueces y un ministro- que deliberan dos veces al año, y que priorizarían la cantidad de beneficiados con un criterio matemático para descongestionar las cárceles, sin considerar los informes psicológicos de Gendarmería que, por ejemplo, en el caso de Hugo Bustamante –actual imputado- era desfavorable.

La tarde del jueves quedó al descubierto uno de los delitos más horribles que hayan tenido lugar durante el último tiempo en Chile. Luego de más de una semana de búsqueda, el cuerpo de la joven Ámbar Cornejo fue (16) encontrado sin vida en el hogar de Hugo Bustamante, la pareja de su madre, quien hasta ahora es el único imputado como presunto autor del homicidio. Y de acuerdo a lo informado por la fiscal del caso María José Bowen, aquello se estableció tras el relato de la propia progenitora de la víctima, Denisse Llanos, quien dijo a la persecutora que se había enterado de lo ocurrido debido a la confesión de Bustamante y que en ese momento dio aviso inmediato a la policía. 

Tristemente célebre

En seguida los ojos de todos se posaron sobre el imputado, Hugo Bustamante, y su tristemente célebre prontuario. Resulta que el sujeto no sólo tenía antecedentes penales, sino que se trataban de los peores posibles. Ya había estado en la cárcel en dos oportunidades, pero fue la última, del 2005, la que causó mayor revuelo ya que la condena que debía cumplir era de 27 años, nada más y nada menos que por un doble homicidio. 

El caso tuvo una alta connotación pública, y de hecho le valió al sujeto el apodo de “asesino del tambor”, luego que el conocido programa policial Mea Culpa, le dedicara un capítulo a sus crímenes. En ese entonces, Bustamante dio muerte a su conviviente y al hijo de ella, un niño de 11 años. La forma de hacerlo estuvo llena de crueldad ya que los asfixió, y luego los golpeó con un objeto contundente para asegurarse de haber cumplido su cometido. Posterior a ello, escondió los cuerpos en un tambor de 200 litros, el que enterró en otra casa que compró con el dinero que la había robado a su víctima. 

La polémica del 2016

Fue condenado, pero no cumplió gracias a un beneficio otorgado por el Poder Judicial, y hoy, cuando el imputado reincide, toma fuerza la controversia que se produjo el año 2016, al ser liberado sin siquiera alcanzar la mitad de los años que debía estar tras las rejas. Lo que más indignó fue existía un informe de Gendarmería que señalaba que Bustamante no cumplía con el perfil para salir libre, pero de igual manera obtuvo la libertad condicional. 

En tela de juicio

Ayer por la tarde se llevó a cabo la audiencia de control de detención de Bustamante, sin embargo, a solicitud del Ministerio Público se amplió el plazo, y el proceso se llevará a cabo el día lunes a las 09:00 horas. 

Pero independiente del delito que impute la Fiscalía -lo más probable es que sea un homicidio calificado-, la conmoción y rabia a nivel público está instalada, desatándose manifestaciones en diferentes puntos del país, y críticas a través de las redes sociales. Y es que nadie se puede explicar la decisión de los tribunales y el por qué un sujeto con este prontuario y estas características estaba cumpliendo un pena en libertad. Desde luego que todos los dardos apuntaron hacia el poder judicial, e incluso hubo quienes de frentón propusieron que para que estas situaciones no se repitieran debía restablecerse la pena de muerte. 

¿En qué se falló?

A nivel de abogados expertos, los cuestionamientos al Poder Judicial son potentes. ¿Dónde estuvo el error? Para el penalista Carlo Silva, existen falencias en el sistema que se dan producto de que no existe la rigurosidad adecuada a la hora de otorgar las libertades condicionales, ni tampoco un seguimiento una vez que éstas se otorgan. “Lo que pasa es que el sistema de otorgamiento de estas libertades funciona de manera bastante economicista para descongestionar las cárceles”, indica el abogado, dando cuenta de una de las fallas, respecto a que no necesariamente primarían los criterios de reinserción al momento de decidir. 

Este “error en el criterio” al que alude Silva, habría llevado a la comisión respectiva en su minuto a entregarle la libertad a este sujeto, sin hacer un análisis pormenorizado de sus condiciones psicológicas, y además, posteriormente, a no realizarle el seguimiento adecuado conforme a que él cumpliera el resto de su condena en libertad, y lograr el fin último de este beneficio, el cual es que el sujeto se reintegre a la sociedad. “Aquí la persona debe tener un seguimiento, sobre todo si ha cometido este tipo de delitos. Se deben ir analizando las conductas disruptivas, que puedan lesionar la integridad de otros, pero esto no se hace, lo que lleva a que tengamos que estar lamentando situaciones como la ocurrida con Ámbar”, enfatizó. 

Por ello insiste en que se requieren cambios urgentes a la hora de entregar las libertades condicionales. “Se debe terminar con los criterios matemáticos, aritméticos al momento de definir. Se deben priorizar criterios que permitan analizar la personalidad del sujeto. Porque esto no es sólo una cosa de tiempo, de buena conducta, se debe tomar en cuenta si efectivamente el sujeto se puede corregir, o se encuentra corregido. El problema mismo está en la cárcel donde los individuos, de partida, no se reforman, por tanto, desde luego que el sistema que existe hoy en día es malo y se tiene que perfeccionar”, aseguró Silva, agregando que la ley, en rigor, sigue siendo la misma, “han existido ciertas modificaciones, pero en lo que tiene que ver con los tiempos, nada de fondo. El problema sigue siendo el mismo, que no nos estamos adentrando en el sujeto al que le otorgamos el beneficio”. 

Abogadas feministas

Para la directora regional de Abofem Carolina Tello, lo de Ámbar, viene a ratificar lo que ha estado ocurriendo en general con el sistema de justicia, tanto en la zona como en el país, donde las distintas instituciones, en este caso el Poder Judicial, no han funcionado. “Nosotros lo venimos denunciando desde hace bastante tiempo. El sistema aquí no opera de la mejor manera para las mujeres que son uno de los grupos más vulnerables en términos de agresión. Y claro, si por un lado falla la Fiscalía, y además, estos errores se trasladan al poder judicial dejando libre a personas como estas, se hace imposible avanzar”, consignó Tello. 

Autocrítica como sociedad

Carlos Galleguillos, abogado y ex seremi de Justicia, asegura que además de los errores de los tribunales, el sistema está al debe en lo que tiene que ver con la reinserción, ya que la libertad condicional puede otorgarse a cualquiera bajo la legislación vigente, si cumple con los requisitos, pero no sirve de nada, y de hecho, puede ser un riesgo si no existe un delegado que realice la vigilancia del sujeto y que se cerciore de que se está reinsertando.

“Lamentablemente, los factores que determinan la reinserción son muy precarios, y las intervenciones que hace el estado a las personas que obtienen este beneficio son deficientes y no cumplen con los estándares. Esto no puede tener otro resultado que no sea el que finalmente exista una reincidencia, como ocurrió ahora”, expresó Galleguillos, agregando no se puede medir con la misma vara a todos los sujetos que cometen delitos demasiado diferentes. “La persona que comete un delito contra la propiedad es evaluada y requiere los mismos requisitos que alguien que comete un homicidio o un delito sexual.

Entonces eso tiene que cambiar, hay que hacer la diferenciación entre los individuos, porque los psicópatas, por ejemplo, siempre cumplen con el perfil de los que obtienen el beneficio. Tienen buen comportamiento en la cárcel, realizan labores tendientes a pensar que se van a incorporar pronto al mundo del trabajo, entonces, creo que habría que mejorar en cómo estamos haciendo la evaluación, y efectivamente, hacerla caso a caso”, finalizó. 

La pena de muerte, ¿una opción?

En una encuesta realizada a través del Fanpage de Diario El Día, un 87% de los votantes expresó que estaba a favor de restablecer la pena de muerte para determinados casos, como este que hoy conmociona al país. Lo que da cuenta de la rabia que existe en la sociedad, y la sensación de impunidad que ha ido creciendo cada vez más. Consultados, parlamentarios de la zona y distintos actores políticos, pese a la percepción de la ciudadanía, son cautos y expresan que esta medida extrema ya fue abolida e implementarla de nuevo sería un retroceso. 

Juan Manuel Fuenzalida, diputado UDI, expresa que en lo personal él está de acuerdo con la pena de muerte, pero afirma que lo que hay que hacer en estos casos es asegurar que las penas se cumplan y terminar con el accionar garantista de los jueces, donde muchas veces, dice Fuenzalida, el delincuente parece tener más derechos que la víctima. “Lo que pasa es que aquí los beneficios son demasiados, pero hoy día tenemos una oposición que se asusta cuando hay que endurecer penas punitivas, o penas ejemplarizadoras. Entonces seguimos con el sistema garantista, lo que se vio en el caso Ámbar, que por una aplicación incorrecta de las normas se deja en libertad a una persona que nunca debería haber salido de la cárcel”, indicó el parlamentario, agregando que para él las reformas son urgentes. “Los jueces no pueden seguir haciendo lo que quieren, por eso debemos darle el menor margen posible. En lo que respecta a la pena de muerte, creo que al final es un premio para el delincuente, y como parlamentario prefiero cadenas perpetuas efectivas, independiente de lo que piensa a nivel personal”, sostuvo. 

El diputado Matías Walker (DC), por su parte, expresó que para evitar que lo ocurrió con Ámbar se debe cumplir la norma que ya está, con las reformas que se han hecho. “Nosotros el 2018 establecimos que la libertad condicional no es un derecho, es un beneficio, por tanto tiene que haber un informe psicosocial de Gendarmería, lo que en este caso no se cumplió. Además, cuando se trata de delitos graves, se deben haber cumplido dos tercios de la condena. En relación a la pena de muerte, es algo artificial, no se puede hacer debido a que Chile ya la derogó”, especificó. 

Finalmente, el diputado Sergio Gahona, no se refirió a la pena de muerte, eso sí, lamentó lo acontecido con Ámbar y expresó que ya no debiese ocurrir. “La ley, en el año 2015, permitía libertades en el cumplimiento de la mitad de la condena, hoy día eso ya no se permite. Por lo tanto, la rigurosidad y la exigencia para otorgar libertades condicionales son mucho más amplias. Creemos que ese es el camino que hay que seguir, tratar de que efectivamente las condenas se cumplan de la manera más completa y precisa posible y que no volvamos a tener casos como el de Ámbar Cornejo”, finalizó el parlamentario UDI, por la Región de Coquimbo. 

Poder judicial reconoce deuda pendiente

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, manifestó el dolor de todos los integrantes del Poder Judicial por el homicidio de la adolescente de Villa Alemana Ámbar Cornejo y mostró la disponibilidad de la institución para generar todos los cambios posibles que perfeccionen las libertades condicionales. “En la oportunidad se les entregó la libertad condicional a quienes cumplían los requisitos (…) Desde el Poder Judicial nos duele la muerte de una adolescente y estamos conscientes de la crítica que se nos formula por haber otorgado la libertad condicional a una persona a quien se le imputa participación directa en ese hecho”.

 

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