• La señora Rosa, del campamento gitano, está preocupada por su salud, y por esta pandemia debido a que es asmática.
  • En el campamento gitano solicitan ayuda. Además de no tener agua indican que no tienen mascarillas ni insumos para la prevención.
  • En el asentamiento ilegal de Las Compañías deben comprar agua a quienes van a sacar desde un grifo cercano, o simplemente ir ellos a conseguirla, al margen de la ley, ya que ni el municipio ni el gobierno les entregan el suministro.
  • Don Vicente tiene 80 años y vive en la toma Desierto Florido. Asegura que las autoridades debiesen preocuparse más por ellos.
Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
Asentamientos ilegales como el emplazado detrás del cementerio de Las Compañías, en La Serena, donde viven cerca de 2000 personas, y el campamento gitano ubicado a un costado del Puente Zorrilla, son algunos ejemplos de comunidades que no cuentan con agua potable, y simplemente no pueden extremar las medidas preventivas para evitar el contagio de Covid-19. Los habitantes de ambos lugares hacen un llamado a las autoridades para que puedan darles alguna solución, sobre todo por los adultos mayores y la gran cantidad de niños que podrían sufrir las consecuencias de las precarias condiciones de higiene.

“Nos dicen que nos lavemos las manos a cada rato, pero acá no se puede. Las autoridades no se ponen en el lugar de nosotros”, nos dice don Vicente Costa, adulto mayor de 80 años, quien vive en el campamento ubicado en Las Compañías, La Serena, el que ha ido creciendo de manera explosiva y que hoy tendría unos 2000 habitantes.

El anciano camina preocupado, cansino. Sabe que por su edad forma parte del grupo de riesgo respecto al Covid-19 y que las condiciones sanitarias del lugar en el que se encuentra no son las mejores para cuidarse, de partida, porque no cuentan con un elemento esencial, el agua potable.

“Nosotros hasta ahora estamos comprando por tambor, o por bidón, pero a los mismos vecinos que van a sacar del grifo que está más abajo, pero eso es muy incierto e inseguro. Tampoco sabemos por cuántas manos pasa el agua cuando la compramos, y si se acaba porque otro la compró toda, se acaba nomás, y no podemos hacer nada. Por eso que hay que usarla para lo indispensable”, asegura el hombre, agregando que, “antes de que comenzara todo esto del coronavirus, venía un camión a dejarnos agua, pero de repente la cortaron y ahora es cuando más la necesitamos”, expresa, don Vicente, quien sigue su camino, por el sector al que denominan “Desierto Florido”.

Inmigrantes sufren consecuencias

Un poco más arriba, acercándonos al cerro, nos encontramos con una familia haitiana. Llegaron a Chile hace seis años, y luego que su situación económica se hiciera insostenible y quedarse sin un lugar para vivir, optaron por asentarse en el campamento ilegal. Era eso o la calle.

Edner Frank, tiene 29 años, y también manifiesta su preocupación por el riesgo que corren al no poder cumplir con las medidas sanitarias que instruye la autoridad. “Llegamos acá hace como tres meses, cuando todavía no empezaba esto del coronavirus. Ahora, la verdad es que pensaríamos un poco antes de tomar esa decisión, porque yo tengo una hija de 11 meses y sé que no está segura. No nos podemos lavar las manos siempre, hay que restringir, y darle la prioridad a nuestra pequeña”, enfatiza Edner.

Guela Moise, también es ciudadana haitiana. Ella lleva tres años en Chile y ahora está a punto de instalarse a vivir en el campamento, porque no ha encontrado otro lugar que pueda pagar, y aquella es su única opción. “Es difícil ver cómo se vive acá. Nosotros con mi esposo nos tenemos que trasladar, pero va a ser muy complicado por la higiene. Antes de venir, nos habían dicho que acá pasaba un camión repartiendo agua, pero ya no pasa por acá”, relata la mujer.

“No nos consideran"

Continuamos recorriendo el lugar, y se puede ver gente transitando sin las medidas de seguridad como mascarillas. Además, algunos vecinos, que prefieren mantenerse en el anonimato se acercan a nosotros bastante molestos ya que aseguran, “no sirve de nada que ustedes vengan, si al final las autoridades vienen cuando están en campaña, y después se olvidan. Aquí hay algunos que están lucrando con el agua, cuando se les debería dar a todos. Tendría que venir el municipio como lo hacían antes, a repartir”, indica un joven, bastante molesto, ya que asegura que a ellos no los consideran para nada.

“Estamos en medio de una crisis, y aquí nadie ha venido a ver a los niños, si necesitan algo, a los adultos mayores. A los únicos que yo rescato son a la gente de Techo, que siempre han estado al lado nuestro y hemos podido conseguir levantar proyectos”, afirma.

Don Abel Miranda, es uno de los vecinos más antiguos de la toma. Cuenta que él se las puede arreglar con agua más limitada, porque es solo, pero es diferente con otros habitantes que tienen más familias, incluyendo niños y adultos mayores.

“Ahí el tema es muy complicado, porque no se sabe si alguien está contagiado, si puede venir alguien de afuera y pegarle el virus a alguien. Mira, uno puede ir a buscar agua al grifo, o a comprarla, pero para eso tengo que salir, pagar manipular billetes, ¿y cómo sé que mientras hago todo eso no me voy a enfermar?, Porque el llamado es a quedarse en la casa, pero hacer ese llamado es fácil cuando alguien está acostumbrado a abrir una llave y que salga agua, apretar un botón y que se encienda la luz, muchas cosas que acá no todas las familias pueden hacer”, expresó Miranda.

Algo urgente

La Presidenta del Comité Desierto Florido, que representa a un sector del campamento, Soledad Alfaro, hizo un llamado urgente a la autoridad municipal, específicamente al alcalde de La Serena, Roberto Jacob, con quien dijo tener “una excelente relación”, y por lo mismo, que espera que frente a esta emergencia estén a la altura.

“Nosotros siempre hemos estado conversando por este tema del agua, y el problema es que la municipalidad no nos la da. Antes les comprábamos el agua, pero eso se acabó, y creo que en medio de lo que estamos viviendo es urgente que nos puedan ayudar con eso. Aquí, el que quiere tener agua tiene que andar robando del grifo, o comprarle a los que van a robar, y eso es verdad, hay que decirlo. Pero creo que no es la manera más correcta de abastecernos”, argumentó, agregando que espera que prontamente, “las autoridades se pongan una mano en el corazón y nos ayuden al menos mientras estamos en riesgo de contagiarnos. Después vemos cómo se arregla el tema, pero durante la emergencia que nos  den una mano”, expresó la dirigente del campamento.

Lamento gitano

En el campamento gitano ubicado a un costado del Puente Zorrilla, se vive una realidad todavía más precaria. Allí, en medio de una emergencia sanitaria, se pueden ver hasta cinco personas al interior de una carpa, la mayoría sin mascarilla, y por motivos económicos tampoco mantienen alcohol gel o algún desinfectante.

Aseguran que están guardando cuarentena sin salir del campamento, pero lo cierto es que se mueven de aquí para allá, con los niños corriendo entre pequeños microbasurales. ¿Y lo peor? Tampoco cuentan con un suministro de agua potable para cumplir con las condiciones mínimas de higiene y prevención. “Nosotros tenemos que llenar los bidones allá atrás de un enrejado. Con eso nos abastecemos, pero no es mucho lo que podemos sacar y se acaba, después de eso no podemos hacer nada”, cuenta el primer gitano que nos recibe, Hardi Pantich, de entrada.

A su lado, Carolina Pantich, también muestra su preocupación. Tiene hijos y sabe que están expuestos al no poder cumplir con las condiciones mínimas de higiene, y el coronavirus podría atacar en cualquier momento. “Acá viene un camión a veces, y nos cobra 2.500 pesos por bidón, pero no sabemos en qué momento viene, por eso hay que estar cuidando el agua y esas cosas como de lavarse las manos a cada rato para nosotros es impracticable”, afirma.

La señora Rosa y su desesperanza

En una carpa, casi al final del campamento encontramos a Rosa, una anciana de 74 años, quien hace un ferviente llamado a la autoridad. “Mire usted, mire usted cómo estamos”, dice mientras apunta a los pequeños que viven junto a ella, quienes toman desayuno casi a la par de unos gatos que beben del mismo plato.

“Aquí siempre necesitamos, muchas cosas, de partida el tema del agua, pero imagínate que somos acá más de 200 personas y con suerte vienen a dejarnos algo de agua cada 15 días, con eso tenemos que lavar la ropa, tenemos que dejar para tomar, entonces no nos alcanza para nada”, enfatiza la mujer.

De igual forma, pone el acento en la cantidad de basura que hay en el lugar y pide que alguien pueda ir a ayudarlos a limpiar. “Por favor, yo soy una vieja, pero están los niños que son los que importan. Esos son focos de infección que ya se han acumulado, y no tenemos dónde dejarlos. Que los vengan a retirar, y que se preocupen de estos gitanos, que vengan a ponernos vacunas, a repartir mascarillas, que hagan algo por nosotros”, finaliza Rosa.

¿Quién se hace cargo?

Consultamos en las entidades de Gobierno pero al parecer no hay claridad respecto de quién debe hacerse responsable por la situación de estas personas, tanto de las del campamento, como los gitanos.

Respecto al asentamiento ilegal de Las Compañías, la Seremi de Bienes Nacionales Giannina González, encargados de administrar estos terrenos, precisaron que antes de la emergencia sanitaria estaban en una mesa de trabajo abordando la problemática de este lugar, y otros de las mismas características, pero tal como muchas otras cosas han quedado paralizadas debido a la situación.

Sin embargo, González manifestó que el tema sanitario no era resorte de ellos. “Esos terrenos nosotros los administramos, pero en relación al suministro de agua potable, nosotros no tenemos facultades y es la municipalidad de La Serena la que por medio de un camión aljibe puede ir a entregarles agua, no nosotros como ministerio”, clarificó.

Desde el municipio de La Serena, el alcalde Roberto Jacob, no se desligó de su responsabilidad, pero expresó que a los campamentos que están establecidos –regularizados- sí les llevan agua, pero que por ley, a los que todavía constituyen una toma,  “no les podemos llevar agua, por un tema legal. Ahora, si desde el gobierno emiten un decreto por estado de excepción, que nos lo permita, nosotros lo hacemos”, precisó, agregando que “aquí la responsabilidad es de la Onemi. Ellos deberían llevarle agua a toda esa gente, a ellos no les cuesta nada porque es un problema de Estado”, aseguró el edil.

Respecto a los gitanos aseguró que siempre han estado al pendiente de ellos, pero que es difícil prever sus necesidades “ya que  a veces se van, y otras veces vienen y no podemos saber cuántos hay exactamente. Efectivamente si ellos dicen que les está faltando, nosotros vamos a ir a ver qué es lo que pasa porque no vamos a dejar de atender sus necesidades, menos en estos momentos”, expresó Roberto Jacob.

 

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